La Vicepresidencia de la República junto a cuatro ministerios implementaron, en Ecuador, una estrategia intersectorial para evitar el embarazo adolescente durante la Semana Andina de Prevención del Embarazo en Adolescentes (22–29 de septiembre de 2025). Están involucrados el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec), el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y el Ministerio de Gobierno (MDG), bajo el marco de la PIPENA, activo desde 2018. Esta acción cobra importancia por su orientación hacia la salud pública y protección de derechos, y debido a un decreto presidencial de mayo de 2025 que destacó el tema como una prioridad institucional.
Según el MSP, la red de 1.332 establecimientos ofrece servicios integrales y amigables para adolescentes, de acceso gratuito, confidencial y seguro. El fortalecimiento de capacidades incluye 8.685 profesionales certificados en atención integral para este grupo etario. En paralelo, la cartera ha impulsado 1.529 clubes de adolescentes, con participación de 22.548 jóvenes de 10 a 19 años, para promoción de la salud con énfasis en educación integral de la sexualidad. También se difunde la línea 171, opción 2, para orientación en salud sexual, salud reproductiva y prevención de violencias.
El Minedec ejecuta la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad. De acuerdo con la institución, cerca de 36.000 docentes cursaron el programa “Reconoce Oportunidades Curriculares de Educación Integral en Sexualidad” y, en el último año, más de 344.000 estudiantes aplicaron instrumentos y metodologías asociadas. Además, 400 profesionales fueron capacitados en “Herramientas para la asesoría en salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes”, en alianza con la Universidad Javeriana. La estrategia prioriza 1.133 instituciones educativas y ha sensibilizado a más de 678.000 estudiantes en prevención de la violencia sexual y de género mediante el Recorrido Participativo.
El MDH enfoca su acción en la protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con 11.700 servidores sensibilizados en derechos para la educación integral de la sexualidad. La política social se complementa con transferencias económicas (bonos y pensiones) orientadas a la inclusión económica y al apoyo a víctimas de violencias, especialmente aquellas asociadas a pobreza y pobreza extrema.
El MDG opera 41 Servicios de Protección Integral y 15 Centros Violeta en 40 cantones, para atención a víctimas de violencia de género, trata y tráfico, con equipos legales, psicológicos y de trabajo social. Estas unidades prestan atención, acompañamiento y asesoría en modalidades individual, familiar y comunitaria, articuladas con las otras carteras del Ejecutivo.
El Gobierno considera como respuesta factores sociales: carencias en necesidades esenciales, obstáculos para acceder a los servicios de salud, falta de educación completa sobre sexualidad y la aceptación social de la violencia sexual y matrimonios precoces. El decreto presidencial de mayo de 2025 dio a la Vicepresidencia la responsabilidad política en este ámbito, con la tarea de coordinar políticas públicas completas, planes, programas y proyectos.
A pesar de que los progresos en cobertura y capacitación son visibles, todavía se necesitan indicadores de resultado para medir el efecto: índice actual de embarazo adolescente, objetivos 2025–2026, financiamiento utilizado y diferencias por región y grupo étnico. El siguiente paso es divulgar indicadores comparables, con referencias iniciales y metas trimestrales, para garantizar transparencia y ajustes de políticas fundamentados en datos.
