El Gobierno Nacional ha iniciado formalmente la desvinculación de cerca de 5.000 empleados del sector público, como una parte de la transformación institucional que busca mejorar la operatividad del Estado. Esta acción, anunciada por el presidente Daniel Noboa en su discurso nacional del último jueves, se integra en el llamado Plan de Reestructuración del Ejecutivo, que tiene como meta disminuir la dimensión del aparato estatal y optimizar su eficiencia operativa.
La resolución abarca la combinación y desaparición de ministerios y secretarías, además de la eliminación de puestos juzgados como superfluos. El Gobierno indicó que las desvinculaciones se efectuaron siguiendo criterios técnicos, dando prioridad al desempeño institucional y sin considerar motivaciones políticas o ideológicas.
Entre los ministerios fusionados se encuentran el de Cultura y Patrimonio con el de Educación, así como el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con Energía y Minas. La Secretaría de Pueblos también fue absorbida por otras instancias. Con esta reestructuración, el número de ministerios se redujo de 20 a 14, mientras que las secretarías se disminuyeron de nueve a tres, lo que representa una reducción del 41 % en la estructura del Ejecutivo.
Las desvinculaciones fueron ejecutadas de forma progresiva y de acuerdo con una resolución del Ministerio de Trabajo que habilitó a cada entidad pública a revisar su estructura interna y emitir informes justificativos para suprimir cargos. Estas solicitudes debían ser aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, que evaluó la disponibilidad presupuestaria para cubrir las liquidaciones.
El procedimiento dejó fuera de manera clara al personal considerado crucial, como médicos, enfermeras, maestros, policías, militares y aquellos que son parte de grupos vulnerables. Desde el Gobierno se subrayó que las decisiones se hicieron en el contexto de un análisis funcional que identificó posiciones que, según los reportes internos, obstaculizaban la eficiencia institucional.
Sin embargo, la medida no estuvo exenta de polémica. Desde sectores sindicales y organizaciones sociales se cuestionó la falta de transparencia en los criterios aplicados para determinar los despidos. Voceros del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la Unión Nacional de Educadores (UNE) expresaron su preocupación por el impacto laboral y social que generará la medida, así como por el eventual debilitamiento de áreas sensibles del Estado.
Asimismo, varios grupos manifestaron su descontento con la unión de ministerios, argumentando que podría resultar en la disminución de políticas públicas focalizadas, como aquellas asociadas a comunidades indígenas, cultura y medio ambiente. Particularmente, la combinación del Ministerio del Ambiente con el de Energía ha suscitado preocupaciones debido a la posibilidad de que los intereses extractivistas influyan más en las decisiones sobre el entorno natural.
Desde la cartera de Trabajo se informó que los procesos se ejecutaron respetando los derechos laborales de los funcionarios desvinculados y que se garantiza el pago de liquidaciones conforme a la ley. El Ministerio aseguró que se establecieron mecanismos de seguimiento para evitar arbitrariedades y garantizar que cada proceso esté debidamente justificado.
El Gobierno también anunció que en 2026 se implementará un nuevo sistema de evaluación semestral para todos los servidores públicos. Aquellos que no alcancen los estándares requeridos podrían ser desvinculados, como parte de un plan de modernización continua del Estado. Además, se contempla la incorporación de nuevos talentos, con especial énfasis en jóvenes profesionales, en una apuesta por la renovación generacional de la administración pública.
Esta modificación se alinea con la meta del presidente Noboa de desarrollar un Estado más eficiente, con menor burocracia y orientado hacia resultados. La iniciativa también responde a los compromisos de ajuste fiscal que el país ha asumido ante entidades internacionales y pretende aliviar la situación de las finanzas públicas, impactadas por el elevado déficit presupuestario.
Pese a las críticas, el Ejecutivo defiende que la reestructuración permitirá al país contar con un aparato estatal más moderno, menos costoso y con mayor capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Los próximos meses serán clave para evaluar los efectos reales de esta decisión tanto en la administración pública como en la economía y la sociedad ecuatoriana.
