El Congreso de Guatemala nuevamente no logró elegir a los directores titulares y suplentes que integrarán el directorio de la futura Superintendencia de Competencia, un órgano esencial para fomentar la competencia justa y evitar prácticas monopólicas en el país. Aunque el tema estaba incluido en la agenda legislativa y se tenía la expectativa de progresar en la nominación de las autoridades, la sesión se desintegró sin alcanzar ningún consenso.
Con este nuevo aplazamiento, suman ya varios intentos infructuosos por parte del Legislativo para cumplir con este mandato legal, lo que ha generado preocupación entre sectores económicos y sociales que reclaman transparencia, agilidad y responsabilidad institucional en el proceso.
El Congreso tiene la atribución de elegir a los cinco miembros del directorio —tres titulares y dos suplentes— de una nómina de candidatos previamente evaluados y enviados por la Comisión de Postulación, la cual llevó a cabo un proceso de selección que incluyó análisis de hojas de vida, entrevistas y revisión de tachas. El listado final incluye aspirantes con perfiles técnicos en economía, derecho y administración pública.
Sin embargo, la falta de consensos entre las distintas bancadas ha impedido avanzar en la votación. Durante la más reciente sesión, algunos legisladores abandonaron el pleno antes de que se iniciara la discusión del tema, lo que provocó que no se alcanzara el quórum necesario para llevar a cabo la elección.
La formación de la Superintendencia de Competencia se autorizó en 2022 como parte de una modificación destinada a robustecer la estructura institucional económica del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo los requerimientos de acceso a ciertos acuerdos comerciales. Este organismo estará encargado de investigar y sancionar conductas anticompetitivas, supervisar los mercados y fomentar condiciones justas para los diferentes participantes económicos.
Sin embargo, la ausencia de nombramiento de su junta directiva ha evitado que la organización pueda comenzar a operar. En el ínterin, se acumulan quejas sobre posibles abusos de poder en áreas estratégicas, lo que hace aún más urgente que la Superintendencia comience su actividad.
Diversos participantes del sector privado y grupos civiles han expresado su preocupación por la paralización del proceso. Creen que este escenario no solo ralentiza el despliegue de un instrumento esencial para aumentar la competitividad, sino que además emite mensajes negativos a los inversores y deteriora la institucionalidad democrática.
Algunos parlamentarios han expresado su deseo de proseguir con las conversaciones para lograr consensos en el siguiente pleno. No obstante, ciertos grupos advierten que hay motivaciones políticas que intentan dificultar la selección, ya sea por diferencias respecto a los candidatos sugeridos o por evaluaciones tácticas vinculadas a distribución de influencia.
La normativa señala que el Congreso está obligado a seleccionar a los miembros del directorio con una mayoría calificada, lo que requiere un amplio consenso entre las distintas fuerzas presentes en el hemiciclo. En los intentos previos, la constante ha sido la insuficiencia de votos, a pesar de que la lista de aspirantes ha estado accesible durante varios meses.
Con el paso del tiempo, aumentan las presiones tanto dentro como fuera del país para que el Congreso cumpla con su obligación constitucional y permita que la Superintendencia de Competencia inicie sus funciones.
El país sigue sin una entidad independiente que proteja un entorno económico equitativo, dejando a consumidores y pequeñas empresas sin una defensa adecuada ante posibles prácticas injustas de grandes corporaciones. Esto refleja las dificultades estructurales que enfrenta el sistema político guatemalteco para tomar decisiones importantes, incluso en asuntos de interés común que podrían favorecer significativamente el progreso económico.
El desafío actual para los diputados es retomar el impulso legislativo y mostrar su dedicación hacia la renovación institucional. Elegir el directorio no solo implicaría cumplir con una obligación legal, sino también avanzar hacia un sistema económico más justo y claro.
