Con el inicio del nuevo periodo legislativo, la Asamblea Nacional de Panamá dio paso a la conformación de su nueva junta directiva y a la intervención del presidente del país ante el pleno, marcando el comienzo de una etapa de gobierno que, desde sus primeras acciones, se perfila como una apuesta al diálogo político y a la implementación de reformas clave.
Dana Castañeda fue elegida como líder de la Asamblea Nacional, apoyada por una alianza de partidos convencionales y miembros independientes. Junto a ella, se integraron Walkiria Chandler como primera vicepresidenta y Ricardo Valencia como segundo vicepresidente. La variedad de fuerzas políticas en esta nueva junta muestra una Asamblea dividida, sin mayorías absolutas, lo que requiere una dinámica de acuerdos para la aprobación de legislaciones y modificaciones.
En su discurso ante el pleno legislativo, el presidente hizo un llamado a todos los sectores políticos a dejar atrás los antagonismos y a trabajar en conjunto por los intereses del país. Reconoció el peso que ha cobrado el bloque de diputados independientes, que suman 20 curules, y lo interpretó como un mensaje claro de la ciudadanía a favor de nuevas prácticas en la gestión pública.
Uno de los ejes centrales de su intervención fue la situación de la Caja de Seguro Social (CSS). El mandatario adelantó que el gobierno impulsará una reforma estructural del sistema, con base en diagnósticos técnicos y diálogo con todos los sectores. Aseguró que no habrá imposiciones, pero sí urgencia en la toma de decisiones, y prometió transparencia en la presentación de los estados financieros del ente.
Otro tema prioritario fue la migración irregular a través del Tapón del Darién. El presidente dejó claro que la frontera sur del país no será tratada como un simple paso de tránsito, sino como una línea de soberanía nacional. Anunció medidas concretas para el control del flujo migratorio, incluyendo un sistema de repatriación, que se ejecutará con apego a los derechos humanos.
En cuanto al sistema financiero, el mandatario reiteró su posición crítica hacia las listas discriminatorias en las que ha sido incluida Panamá por organismos internacionales. En respuesta, se anunció la creación de una Comisión Nacional de Defensa del Sistema Financiero, que trabajará en coordinación con los sectores público y privado para proteger la reputación del país y defender su marco legal en instancias globales.
El discurso presidencial incluyó una mención sobre el estado económico. Se indicó que la deuda nacional ha crecido de forma significativa en el último lustro, por lo que se implementará una política de austeridad. Se planea reorganizar el gasto, eliminar privilegios superfluos y redirigir el presupuesto hacia la inversión en infraestructura, creación de empleos y servicios sociales.
En cuanto a la gestión gubernamental, el líder sugirió robustecer la institucionalidad del Estado y terminar con la politización de las entidades. Informó sobre auditorías en varias entidades públicas, con la meta de asegurar eficiencia y transparencia. Además, prometió instaurar un nuevo modelo de gobierno, fundamentado en el respeto al marco legal y la ética administrativa.
Por último, convocó a una reunión abierta con los principales sectores empresariales, sociales y gremiales del país a partir del 1 de julio en el Palacio de las Garzas. El objetivo, explicó, es construir un gran acuerdo nacional que permita enfrentar de forma articulada los principales desafíos del país: la seguridad social, el desempleo, el desarrollo económico, la migración y la crisis hídrica que afecta al Canal de Panamá.
Comienza una nueva etapa política, en la cual la Asamblea Nacional y el Ejecutivo deben alinearse en metas compartidas y atender un entorno nacional que demanda soluciones rápidas, un diálogo inclusivo y dedicación a las reformas que la ciudadanía solicita.
