El Gobierno de Ecuador, a través de la empresa estatal EP Petroecuador y operadores privados, ha desmantelado un total de 174 mecheros de gas en la Amazonía, como parte de un plan para su erradicación definitiva antes de 2030. La iniciativa, que se desarrolla en las provincias de Sucumbíos y Orellana, responde a una histórica sentencia judicial de 2021 que ordena el cese de la quema de gas asociado a la extracción de petróleo para proteger la salud de la población y el medio ambiente.
Hasta el momento, se han apagado 165 mecheros de las instalaciones de EP Petroecuador y 9 de empresas privadas. Estas estadísticas representan un progreso respecto a la base de 2022, donde se habían señalado 424 mecheros de la empresa estatal y 62 de compañías privadas. La reducción de estas antorchas es una de las prioridades en la estrategia nacional liderada por el Ministerio de Energía y Minas.
En el transcurso de 2025, EP Petroecuador ha sobrepasado sus objetivos anuales. La empresa petrolera había proyectado la clausura de 30 mecheros para este año, de los cuales ya han sido desactivados 25, alcanzando así un avance del 83% de la meta propuesta. Además, se están llevando a cabo trabajos para retirar otros cuatro en las plataformas Sacha 470, Sacha 480 y Sacha 380, incrementando el total del año a 34.
El proyecto no solo incluye la extinción del fuego, sino también el aprovechamiento del gas relacionado, una combinación de metano, etano, propano y otros gases que antes se perdían. Con este fin, se está desarrollando infraestructura en el Distrito Amazónico que permitirá producir 64,3 MW de electricidad para 2026, beneficiando a los campos Auca, Sacha, Shushufindi, Indillana y Cuyabeno.
Además, se planea industrializar este recurso en el Complejo Industrial Shushufindi para generar Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolinas, lo cual ayudará a la independencia energética del país. Con estas acciones, el gobierno proyecta una disminución en las emisiones de 338.000 toneladas de CO₂ anuales desde 2026.
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ha destacado que el proceso es una prioridad nacional que integra tecnología avanzada, inversión y responsabilidad ambiental para asegurar un futuro más sostenible. El programa es una respuesta directa al fallo de la Corte Provincial de Sucumbíos, derivado de un recurso de protección impulsado por un grupo de nueve niñas y jóvenes de la Amazonía que denunciaron la violación de sus derechos a la salud y a un ambiente saludable debido a la contaminación generada por los mecheros.
La meta última es eliminar completamente los mecheros para el año 2030, un compromiso que pretende beneficiar a las comunidades amazónicas y avanzar hacia un modelo energético más limpio.
